De hutus y tutsis

Ayer, 6 de abril, se conmemoró el 25º aniversario del inicio del genocidio de Ruanda. Si bien el detonante del conflicto fue la muerte del presidente del país, Juvenal Habyarimana, las relaciones entre las etnias hutu y tutsi llevaban siendo tensas desde la época del colonialismo. Lo que no se esperaba era la oleada de violencia que se prolongó durante 100 días y que acabó con la vida de más de 800.000 personas.

Antes de que Ruanda fuese una colonia alemana, los tutsis, que abarcaban un 14% de la población, habían ocupado los estratos más altos de la sociedad, mientras que los hutus, que eran mucho más numerosos, los más bajos. Durante la ocupación, primero por parte de Alemania y más tarde de Bélgica, se llevó una política que favoreció a los primeros ya que sus rasgos físicos, mucho más semejantes a los caucásicos, los convertían en una “raza privilegiada”. La puesta en circulación de unas tarjetas de identificación en las que se leía la etnia de su propietario acentuó las diferencias entre cada grupo. En 1959 estallaría un primer conflicto, en el que morirían cientos de hutus y tutsis. A partir de entonces serían aquellos quienes empezarían a ocupar altos cargos, mientras que los tutsis terminarían siendo víctimas de odio durante las décadas posteriores.

Después de que se derribara el avión en el que viajaba Habyarimana, de etnia hutu, se inició una campaña de violencia con la que se masacró a los tutsis. La comunidad internacional tendría una actitud distante hacia el genocidio, siendo considerada una “guerra civil” por parte de Estados Unidos.  La ONU retiraría rápidamente la ayuda enviada tras el asesinato de 10 cascos azules.

Camino a la reconciliación

Las atrocidades cometidas todavía repercuten en la vida de los supervivientes 25 años más tarde. Personas que fueron las únicas supervivientes de sus familias o que nacieron fruto de una violación recuerdan los horrores de tres meses en los que se violaron brutalmente los derechos humanos. A machetazo limpio se asesinaba indiscriminadamente a cualquier persona de etnia tutsi, convirtiendo décadas de odio en un genocidio que ni el Gobierno ni la comunidad internacional supieron prevenir.

Imagen vía https://elcomercio.pe

Para juzgar los crímenes cometidos, el Consejo de Seguridad de ONU crearía ese mismo noviembre el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que juzgó a los principales incitadores de la matanza tutsi, pero además se pondrían en marcha medidas para la reconciliación, como la creación de comunidades en las que convivieran pacíficamente miembros de ambos grupos. Aunque hoy en día la segregación no es más que un eco, y se vive bajo la afirmación de que “ahora todos son ruandeses», lo cierto es que es difícil reconocer que se ha hecho justicia.

Tras las sentencias del TPIR, el gobierno ruandés retomó el sistema de juicios comunitarios (gacacas), que cada ver ejecutaba sentencias más superficiales, y premiaba las confesiones de los acusados, condenandolos a trabajos comunitarios o penas leves. Además, en un intento de acelerar los procesos, sólo se juzgaron los crímenes cometidos por los hutus, aunque los tutsis también asesinaron entre 25.000 y 45.000 personas. A esta actitud de “justicia del vencedor” ha dejado lagunas de impunidad que reclaman ser resueltas.

El genocidio de Ruanda fue un fracaso para la comunidad internacional, que puso de manifiesto la escasa capacidad para prevenir este tipo de conflictos intercomunitarios. Actualmente hay señales en distintos países -Siria, Birmania, República Centroafricana, Mali…-, como las hubo hace más de dos décadas en Ruanda, y sigue sin haber un verdadero compromiso entre los estados miembros de la ONU y los gobiernos regionales por su prevención, en lugar de limitarse a la intervención a posteriori. Hasta que no haya una verdadera voluntad de cooperación, seguirá habiendo víctimas como las de hace 25 años.

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